La alarma sanitaria se activó en el Complejo Penitenciario Federal N° 5 de Senillosa, donde las clases fueron suspendidas indefinidamente desde el 19 de septiembre tras confirmarse un caso de tuberculosis (TBC) en una docente, sumado a la infección de un alumno.

La situación forzó a la Dirección de Educación a intervenir, pero el personal educativo apunta al hacinamiento crónico de la prisión como el principal factor de riesgo. Directivos escolares aseguran que la TBC ha sido recurrente entre la población privada de libertad por años y denuncian que las condiciones ambientales facilitan su propagación.

Ante el primer contagio en el cuerpo docente, las autoridades educativas exigen medidas urgentes para retomar la actividad en un entorno seguro:

1.Protocolos de TBC claros y obligatorios.

2.Testeos masivos al personal, priorizando a quienes pasan más tiempo en el penal.

3.Ventilación adecuada y más aulas para evitar el amontonamiento.

4.La inclusión de la TBC como enfermedad laboral en las ART para docentes de cárceles.

Los educadores señalan que la falta de supervisión hace que internos bajo aislamiento preventivo sigan asistiendo a clases para no perder los beneficios de reducción de condena, lo que expone aún más a toda la comunidad. La reanudación de las actividades escolares está condicionada a una respuesta de las autoridades sanitarias y penitenciarias.