El conocido influencer Santiago Maratea se encuentra en una situación judicial comprometida. El Juzgado Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky, ha librado una orden de búsqueda y localización contra él después de que no se presentara a una citación judicial clave el pasado 26 de septiembre.

La medida surge en el marco de una denuncia presentada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, que acusa a Maratea de ejercer ilegalmente la profesión. El influencer habría difundido una serie de consejos y recomendaciones alimentarias a través de sus redes sociales sin poseer la matrícula o la formación profesional habilitante.

La exposición pública vs. el domicilio impreciso

Maratea fue notificado formalmente de la citación, pero su ausencia en el tribunal obligó a las autoridades a tomar medidas. Según fuentes judiciales, al intentar ubicarlo, el juzgado detectó inconsistencias en sus registros oficiales, encontrando diferencias entre el domicilio fiscal y el asentado en el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Esta falta de precisión en su paradero, que contrasta con su alta visibilidad en plataformas digitales, activó el protocolo de búsqueda para garantizar su comparecencia. La causa también incluye acusaciones de presuntos daños e injurias vinculados a la promoción de diversos productos nutricionales en sus publicaciones, un tema que eleva la preocupación entre los profesionales de la salud.

Un caso precedente sobre la responsabilidad digital

El litigio reabre el debate sobre la responsabilidad de los generadores de contenido en el ámbito de la salud y la nutrición. El Colegio de Nutricionistas bonaerense ha insistido en que la divulgación de cualquier tipo de consejo alimentario sin la debida titulación profesional representa un grave riesgo para la salud pública.

Para los profesionales, figuras con el nivel de impacto y alcance de Maratea deben ser sometidas a una regulación más rigurosa. El caso, que enfrenta a una de las figuras más populares del activismo solidario digital contra una entidad profesional, podría establecer un importante precedente legal respecto a los límites entre la influencia en redes sociales y la práctica profesional regulada.