El Gobierno dio un paso crucial en su plan para privatizar 10.000 kilómetros de ruta, lanzando un "data room" para que inversores privados accedan a la información del proyecto. Sin embargo, la iniciativa se encuentra con un escenario de gran incertidumbre, especialmente por la capacidad de financiamiento de las empresas interesadas, muchas de ellas con un historial vinculado a la causa Cuadernos.
¿Quién pone el dinero? La gran pregunta sin respuesta clara
La principal duda que surge en este proceso es cómo se financiarán las obras necesarias en cada corredor si el Estado ya no será el inversor. La respuesta del Gobierno es simple: las empresas privadas realizarán las obras y luego se recuperarán los costos a través del peaje. Sin embargo, esta ecuación es vista con escepticismo en Argentina, donde las promesas de actualización tarifaria para mantener la ecuación económica financiera rara vez se cumplen. Un asesor de constructoras recordó que en el pasado hubo hasta 15 actualizaciones de peaje incumplidas.
Viejos conocidos en la obra pública y sus desafíos
Entre las empresas que han mostrado interés en este "data room" figuran nombres como la mendocina Cartellone, Chediack, la entrerriana Luis Losi, Panedile (de Hugo Dragonetti), Supercemento, Roggio, Vial Agro y Juan Carlos Relats. Este grupo forma parte del elenco histórico de la obra pública vial argentina, y la mayoría de ellas tienen algún tipo de implicación en la causa Cuadernos, cuyo juicio oral comenzará en noviembre.
También se anotaron otras empresas como Eleprint (del presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss), Rovial, la rosarina Obring y Cleanosol. La gran pregunta que surge es si alguna de estas compañías está realmente en condiciones de financiar o conseguir financiamiento para semejantes obras, considerando que la paralización de la obra pública bajo la gestión de Javier Milei ha afectado severamente su flujo de caja y capital de trabajo.
Fin de Vialidad Nacional y conflictos laborales a la vista
El esquema propuesto por el Gobierno es entregar los corredores sin exigir ningún tipo de canon, a cambio de que los privados realicen las rutas, las mejoras necesarias y las prioritarias, para luego cobrar peajes que les permitan mantener las trazas en condiciones.
Este proceso también implica cambios institucionales significativos:
·Fin de Vialidad Nacional: El decreto presidencial ya dejó clara la decisión de cerrar el organismo. Sus funciones técnicas pasarán al Ministerio de Economía, mientras que el control de las concesiones recaerá en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
·Futuro de Corredores Viales: La empresa estatal, que cuenta con 3.403 empleados (según datos del Indec a mayo), dejaría de tener razón de ser en este nuevo esquema, lo que genera incertidumbre sobre el destino de sus trabajadores, ya que no pasarían automáticamente a las nuevas concesionarias.
·Conflicto Laboral: El Gobierno sostiene que el fin del organismo también implica el fin de los contratos colectivos vigentes. Esto podría generar una fuerte resistencia de los sindicatos viales, que suelen tener condiciones laborales más favorables que los gremios estatales tradicionales, y una numerosa base de afiliados con protección gremial.
La reocupación de la Cámara Argentina de la Construcción
La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) expresó su "profunda preocupación" por la decisión del Poder Ejecutivo. La entidad advirtió sobre el impacto en el empleo, la continuidad de obras estratégicas y el mantenimiento de la red federal de caminos.
En un comunicado, Camarco lamentó que "la eliminación de este organismo técnico con casi un siglo de trayectoria en la obra pública afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente. Vialidad Nacional garantizó durante décadas una mirada federal sobre la infraestructura del país, con equipos profesionales formados para llevar adelante obras en todas las regiones".
El fin de Vialidad Nacional y la privatización de rutas se dan en un contexto de "descomunal desinversión" en la red vial argentina, fruto de décadas de falta de planificación y corrupción. Los constructores viales, que históricamente tuvieron en Vialidad un "escritorio amigo" y una fuente de negocios, ahora se enfrentan a un panorama de incertidumbre institucional y financiera.
