En el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la búsqueda de sostenibilidad para el sistema, el Palacio de Hacienda analiza una reforma previsional profunda que contempla un incremento gradual de la edad jubilatoria hasta los 70 años para hombres y mujeres, a partir de 2030.
La propuesta central, que busca elevar la edad de forma progresiva desde 2027, también estudia la posibilidad de incrementar los 30 años de aportes mínimos requeridos, una cifra actualmente inferior a la de otros países como España.
Este debate se intensifica debido al "desfase" estructural de la Seguridad Social, agravado por el envejecimiento acelerado de la población. La extensión de la vida laboral se traduce directamente en un aumento de ingresos por aportes y una reducción de los años de pago de haberes, aliviando el déficit que el Tesoro Nacional debe cubrir.
El colapso de la moratoria y el impacto en los haberes
El Gobierno de Javier Milei ya prepara un nuevo esquema previsional que elimina la moratoria y establece haberes proporcionales a los aportes registrados. Este cambio tiene un impacto inmediato en el sistema:
·Paso al asistencialismo: Desde la eliminación de la moratoria en marzo de 2025, el 70% de las nuevas jubilaciones —que históricamente ingresaban por esta vía— será derivado a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM).
·Reducción del ingreso: La PUAM, un haber asistencial, hoy se sitúa en $251.444, significando una reducción de casi $63.000 (un 20% menos) respecto a la jubilación mínima completa ($314.305, valores de agosto de 2025). La informalidad laboral y el incumplimiento de aportes obligarán a una gran mayoría a conformarse con este ingreso asistencial, hoy fijado en el 80% de la mínima.
·Prestación proporcional: Uno de los ejes de la reforma, ya incluido en la Ley Bases original, es la creación de una Prestación de Retiro Proporcional. Este mecanismo evitaría que se completen años faltantes y aseguraría un haber menor, calculado estrictamente según los años efectivamente aportados.
El impacto sobre el poder adquisitivo se suma a la pérdida acumulada del 40% que los haberes previsionales ya arrastran desde 2017, debido a la inflación y los cambios en la fórmula de movilidad.
Adiós a los regímenes diferenciales y la incógnita legislativa
Otro eje de la propuesta oficial es la homogeneización o eliminación de más de cien regímenes jubilatorios especiales que hoy otorgan condiciones de acceso preferenciales por actividad.
Sectores como docentes, trabajadores del transporte, salud y empleados estatales serán evaluados para equiparar su edad jubilatoria, los años de aportes y la fórmula de cálculo del haber con el régimen general.
El alcance final de esta reforma previsional, junto a las reformas laboral y tributaria, dependerá de la participación legislativa que logre La Libertad Avanza en las elecciones de octubre.
El modelo español, en observación
En paralelo, el Gobierno observa de cerca el modelo de España, que avanza hacia el aumento de la edad jubilatoria. En 2026, la edad legal ordinaria se fijará en 66 años y 10 meses para quienes no acrediten una larga trayectoria laboral.
España también implementó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que fortalece el fondo de pensiones, recargando el 0,8% sobre la base de cotización, con mayor peso en el empleador (0,67%) que en el trabajador (0,13%).
