La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina ha formalizado una acusación penal ante la justicia federal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia, que también señala al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como partícipe necesario, surge a raíz de la inclusión de referentes mapuches en el Registro de Personas Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).

El litigio fue presentado en el juzgado federal 12, subrogado por el juez Ariel Lijo.

Esta medida del Gobierno de Javier Milei, implementada hace aproximadamente un mes, tuvo graves repercusiones económicas y sociales para los afectados, miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu y otros referentes. En una conferencia de prensa, se informó sobre la cancelación inmediata de cuentas bancarias y billeteras virtuales, la anulación de Asignaciones Universales para sus hijos, y hasta la suspensión de una pensión por discapacidad.

Durante la rueda de prensa, realizada en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma (CTA-A), estuvo presente María Nahuel, tía de Rafael "Rafita" Nahuel (asesinado en 2017) y una de las personas señaladas como "terrorista" en el listado, junto al lonko Facundo Jones Huala.

La Gremial sostuvo que la inclusión en el RePET es la continuación de una "persecución supremacista y absolutamente criminal" contra las comunidades, que se inició con la designación de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como "organización terrorista". Respecto a Jones Huala, actualmente detenido en una unidad de máxima seguridad, los abogados indicaron que su reciente encarcelamiento se basa "solo en sus palabras en una presentación de un libro de poesía", y que la RAM ha sido acusada de hechos "jamás identificados y en algunos casos inexistentes".

Para los letrados, que defienden a la comunidad Lafken Winkul Mapu (donde "Rafita" Nahuel fue ejecutado por la espalda en Villa Mascardi en 2017), esta acción "prácticamente no registra antecedentes en este período democrático" y advirtieron que podría ser la "antesala de una persecución" dirigida a cualquier colectivo que obstaculice la política del extractivismo.

La abogada Laura Taffetani presentó ante los tribunales de Retiro un escrito donde se indica que la extralimitación del Ministerio de Seguridad "constituye sin dudas un abuso de autoridad" con perjuicios de una magnitud aún no dimensionable. El documento afirma que la elaboración de este listado y la consecuente incorporación de miembros de comunidades mapuches solo tiene "reminiscencias comparables a la última dictadura militar", donde se perseguía a militantes y estudiantes.

Taffetani puntualizó que las personas incluidas —como Jones Huala, María Nahuel y Matías Santana (testigo clave en el caso Santiago Maldonado)— no figuran en ningún listado internacional y que la medida fue "ilegal y arbitraria" por parte de los ministerios de Seguridad y Justicia.