El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires exige judicialmente la plena aplicación de la norma que otorga fondos y aumentos salariales, pese a que el Gobierno la promulgó y simultáneamente suspendió su ejecución.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha decidido llevar al Poder Ejecutivo Nacional ante los tribunales. La medida, aprobada por resolución unánime de su Consejo Superior, busca forzar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial y la asignación inmediata de los recursos presupuestarios correspondientes.
Si bien el Ejecutivo promulgó formalmente la legislación, al mismo tiempo postergó su implementación. La razón esgrimida por el Gobierno es que la ley no se aplicará hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes específicas de financiamiento necesarias para su ejecución. Ante este panorama, la UBA resolvió actuar "para asegurar la plena vigencia de los derechos constitucionales que amparan la educación pública y la estructura democrática institucional del país".
"Quebranto a la voluntad soberana del Congreso"
La resolución del Consejo Superior critica duramente la decisión del Ejecutivo: "Este decreto que formaliza la promulgación, pero en la práctica detiene la ejecución de la ley, trastoca el sistema republicano de control mutuo entre poderes, tal como lo establece el Artículo 1° de la Constitución Nacional, y significa un quebranto a la voluntad soberana del Congreso de la Nación".
La máxima casa de estudios argumenta que este accionar "implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos, al afectar al sistema universitario y a su comunidad, que se ven impedidos de acceder a los fondos necesarios y a la mejora salarial pautada en la ley".
Crisis presupuestaria sin precedentes
La UBA enfatizó que el sistema universitario, y la institución en particular, atraviesa una "crisis financiera nunca antes vista". La prórroga del Presupuesto 2023 quedó rápidamente obsoleta frente a la inflación. De hecho, a lo largo del 2024, los haberes de docentes y no docentes sufrieron una merma superior al 40% en su poder de compra. Asimismo, la recomposición salarial otorgada durante el 2025 ha sido notablemente inferior al incremento de precios oficial medido por el INDEC, acentuando la pérdida de valor.
La ley en disputa fue aprobada por el Congreso, y luego ratificada por ambas cámaras ante un veto, con el objetivo de garantizar la protección, el sostenimiento económico de las universidades nacionales en todo el territorio argentino y la recomposición de los sueldos de sus trabajadores. La universidad advirtió que la "arbitraria falta de aplicación" de la normativa solo profundiza esta coyuntura crítica.
Finalmente, la UBA destacó que la legislación también contempla la creación de fondos específicos para áreas clave como infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. La inejecución de esta Ley, según la universidad, constituye un "ataque directo a uno de los activos más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina".
